Por: Jaime Cervantes Valdez
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Al ver electos para puestos de elección popular a políticos que cuentan con sucios antecedentes comprobables ante la opinión pública, uno se puede dar cuenta de que la honestidad, el trabajo y la ética han dejado de ser valores cívicos, de esos valores que la sociedad mexicana debe de apreciar –pero no lo hace- a la hora de decidir el voto.
El que AMLO y su equipo de campaña demostraran públicamente el dinero derrochado, las reglas quebrantadas y las suciedades electorales cometidas por la campaña de Peña Nieto antes y durante el procesos electoral no hizo cambiar el sentido de su voto a 19 millones de mexicanos, tampoco los miles de millones de pesos de Multimedia malversados durante la gestión de Josefina Vázquez Mota en la SEP bajaron el ánimo de sus votantes.
En contra-parte AMLO y su campaña de “honestidad inquebrantable” no lograron convencer a los millones de abstencionistas decepcionados de la clase política en su conjunto.
Ante la inmunidad de los políticos a esos tradicionales ataques, pareciera que las embestidas políticas a nivel popular, se trasladan de los valores políticos, a los valores religiosos y tabúes sociales.
Así ya no es raro, por ejemplo, que la militancia de izquierda, que debiera de distinguirse por una mentalidad de avanzada y progresista, se rebaje a un ataque constante y sistemático en base a un simple rumor sobre posible homosexualidad de Peña Nieto en México, de Henrique Capriles en Venezuela, o de cientos de políticos y gobernantes de diversos niveles de gobierno.
Apelan en este caso a la homosexualidad, a sabiendas de que todavía vivimos en una México donde en ideario de la sociedad prevalece el hombre como único miembro de la sociedad capaz de gobernar.
Algunos podrán decir que no se apela a un ataque sobre la posible homosexualidad por ejemplo, de Peña Nieto, sino al engaño de éste hacia el pueblo sobre sus preferencias sexuales.
Pero aquí cabria preguntar, ¿Debiera ser obligatorio que los gobernantes den a conocer públicamente sus preferencias sexuales? Sin lugar a dudas la respuesta, a mi juicio, es no. Porque el hacerlo, implicaría pretender hacer una diferencia en las formas de gobernar entre alguien heterosexual y alguien homosexual, y eso es mucho más grave aún.
Si la izquierda –en todos sus niveles– no se despoja de esos dogmas homofóbicos, retrogradas y regresiónistas, ¿Con que autoridad podrán exigir ser diferenciados de la derecha conservadora arcaica?
En lugar de difamar o denostar a los adversarios políticos por medio de las orientaciones sexuales, lo que debiera de hacer la izquierda progresista es llevar a la práctica los postulados de igualdad y equidad que tanto pregonan.
Abrir espacios al interior de los partidos y organizaciones a las mujeres y a la comunidad LGTB abiertamente. Impulsar las candidaturas de estos a puestos de elección popular, que, aunque en un principio posiblemente sean derrotados por su propia condición sexual, lograrán a futuro saltos cualitativos con la sensibilización y apertura de la sociedad a dichos temas.
La izquierda debe, por tanto, pasar de promotor de la homofobia -como hasta ahora posiblemente inconscientemente lo hecho- a impulsor del ingreso de la comunidad LGTB al sistema político mexicano, a darles voz y voto en las instituciones, y a permitir que sean ellos quienes desde las instituciones promuevan, impulsen y logren la homogenización de derechos que les han sido negados históricamente.
