LOS ESCENARIOS DEL PRD EN NAYARIT

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Por Jaime Cervantes Valdez/estudiante Ciencia Política UAN

Qué razón tenía Marx cuando postulaba que la historia la historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa. En el 2014, al igual que en las elecciones locales del 2011, el Partido de la Revolución Democrática en Nayarit apostó hasta último momento por una alianza PAN-PRD para terminar, justo en la recta final, apareciendo sólo en las boletas electorales.

En aquel 2011, con una ardua campaña panista en la que se culpaba erróneamente a Guadalupe Acosta Naranjo -otrora precandidato a gobernador de la extinta alianza- de romper la alianza opositora, el PAN logró arrancar al PRD de miles de votos que fueron a parar a sus candidatos a la gubernatura y de paso a los candidato a otros puestos de elección popular que ese año se jugaban. El saldo fue un PRD no solo debilitado, sino derrotado, perdiendo las alcaldías de Huajicori, Acaponeta, Rosamorada y Tecuala, así como reduciendo el numero de diputados en su grupo parlamentario y claro, también su presencia en el ayuntamiento de Tepic cayendo a solo un regidor plurinominal.

Fue tanta la algarabía y esperanzas en aquel año por una alianza electoral PAN-PRD que al rompimiento de ésta, 3 meses antes de la elección, el PRD no tuvo un plan de contingencia ya no para crecer en lo electoral, sino siquiera para mínimamente retener su voto y sus posiciones políticas. Las preguntas ahora son: ¿Tiene el PRD un plan de contingencia ahora que si fueron ellos quienes rompieron la alianza? ¿La Comisión Política Nacional valoró correctamente las implicaciones electorales que tiene abortar una alianza que iba tan avanzada?

Dejando de lado el elaborado y trillado discurso de que esta era una “una alianza para terminar con la dictadura del gobernador priista” y observando la realidad como lo que realmente es: una alianza de partidos políticos buscando la supervivencia y el crecimiento electoral como institutos, en vísperas de acceder al poder político del estado, se puede percibir que en el rompimiento que se acaba de dar por mandato nacional, el mayor perdedor. Será nuevamente el PRD.

Ya no solo porque el PRD haya decidido abandonarla, sino por el trabajo de 3 años en el que el PRD local seguro de sí, dejó de hacer trabajo político en los municipios -incluido Tepic- en los que muy probablemente el candidato aliancista iba a ser panista. De igual forma, al interior del partido alabaron tanto la necesidad de una alianza entre sus militantes, que al abandonarla quedaron no solo como traidores ante los simpatizantes, sino ante su mismo voto duro. Porque azuzaron a las organizaciones sociales a que se unieran a la alianza y muy seguramente estas terminarán apoyando al único partido que no la traicionó. Porque perdieron identidad izquierdista. Porque los dirigentes perdieron credibilidad. Porque abrieron la puerta de su casa antes de tiempo y permitieron que el PAN tuviera contacto por un año con la estructura interna del partido, con los dirigentes, con los posibles candidatos, a los que muy seguramente veremos en las próximas elecciones vistiendo de azul.

Cierto también es, que el PAN pierde, pero pierde mucho menos que hace 3 años, hoy cuenta con el poder de nueve presidentes municipales que se mantienen firmes, con una bancada parlamentaria consolidada que seguramente le retribuirá fuertes candidatos a presidentes municipales, como el candidato para Tepic, ciudad que con una buena estrategia pudieran arrebatarla al PRI, pero el PRD no tiene de donde echar mano.

Hasta este punto, ¿Cuáles son los escenarios para el PRD en el proceso que ya está en puertas?.

El primero es irse sólo, implantar una estrategia para la búsqueda de candidatos con arraigo al interior del partido que pudieran retener el voto duro, principalmente en la zona norte del Estado.

El segundo escenario es la búsqueda de una alianza progresista con los Partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano que legitime su rompimiento con el PAN.

El tercer escenario, y por los comentarios en las redes sociales de algunos de los dirigentes perredistas, puede ser la buscada por la dirección local, es una alianza de facto con el PAN para las próximas elecciones. Haciendo uso de su atribución para designar candidatos, y previo un pacto de no agresión, la dirección local del PRD pudiera postular candidatos testimoniales en los municipios del Sur y la sierra del Estado, así como en la capital nayarita, para que estos no le resten votos a los candidatos panistas, y en contraparte, el PAN colocaría candidatos débiles en la zona norte –exceptuando Tuxpan y Ruiz- permitiendo que el PRD aglutine el voto útil anti-PRI. Para este último escenario se ocupa, ante todo, disposición y una gran confianza entre los los dos institutos partidistas.

Para finalizar, una pregunta más: Ante este nuevo escenario con un PRD desgastado ante la ciudadanía, ¿Al PAN le retribuye políticamente más una alianza de facto o irse totalmente sólo? Aquí veremos que el discurso anti-PRI no era más que solo eso, un discurso.

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#2deOctubre, Día de la impunidad y el olvido.

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Por Jaime Cervantes Valdez / estudiante Ciencia Política UAN

decreto presidencial, hoy 2 de octubre es Día de Luto Nacional por el “aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968”, según se lee en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno de nuestra nación.

Así, el Estado mexicano por decreto quita al pueblo un día de gloria, para convertirlo en un día conmemorativo de los de arriba, porque este ya no es el día de los caídos, este es el día de la impunidad, de la desmemoria, del regresionismo, de la vanagloria de los gobernantes que no nos han podido dar respuestas de aquello que conmemoran. Hoy a 45 años de aquella masacre, no sabemos cuántos estudiantes fueron acribillados, tampoco sabemos quién dio la orden para derramar la sangre de los jóvenes mexicanos, y ni que decir de la impunidad que prevalece, ni un solo culpable, directa o indirectamente de la masacre, ha pisado la cárcel. El Estado mexicano acepta la matanza, conmemora la matanza, pero no investiga y mucho menos ajusticia a los que provocaron dicha matanza.

¿Qué dirían los muertos? ¿Qué dirían si escucharan las alabanzas y vanaglorias del gobernante priista en turno? Porque todavía no sucedes y ya escucho a Peña Nieto enalteciendo a los héroes que dieron la vida por la democracia mexicana, por esa misma democracia que corrió al PRI de los Pinos en el 2000, para 12 años después, abrirles nuevamente la puerta de par en par. Seguramente el presidente nos dirá que aquellos muertitos no fueron en vano, que gracias a ellos tenemos un país de instituciones democráticas, de cimientos fuertes, y es más, como no, con un camino trazado hacia el progreso con las reformas que él impulsa, y que los estudiantes del 68 seguramente apoyarían, todo se puede esperar desde el aquel momento en que revivió al General Lázaro Cárdenas para legitimar su propuesta energética que abre el camino a la inversión privada.

Y mientras el presidente nos trata de convencer de sus reformas neoliberales en este día, ¿Qué dirá la izquierda electoral por el 2 de octubre? Seguramente lo mismo de siempre, en principio un minuto de silencio por los caídos, después vendrá la exigencia al Estado para que se haga justicia, pero ¡alto!, la izquierda electoral se ha olvidado que ellos son parte del Estado, que ya no son los marginados de los años 70s y 80s, ahora comen y duermen con los hijos y nietos de los que antaño asesinaron a esos jóvenes. ¿Qué les dirán los perredistas a los muertos? ¿Les dirán que ellos, que en otro tiempo fueron participes de las luchas por la democracia, hoy pactan y votan ciegamente a favor los mandatos presidenciales? ¿Les dirán que los gobernantes que han llegado por estos partidos, han sido incluso más déspotas que los gobernantes emanados del PRI? Con un Ángel Aguirre reprimiendo estudiantes normalistas guerrerenses, Gabino Cué contra los maestros de la CNTE, o Mancera mandando golpear a estudiantes de la UACM y de la UNAM. Lo más seguro es que callen, porque el minuto de silencio, por el que han pugnado por 45 años en memoria de los caídos, termino por silenciarlos a ellos.

De la sociedad mexicana mejor ni hablemos. Recordamos año con año los atroces acontecimientos aquel año olímpico, pero los olvidamos para el día de las elecciones, quiero pensar que es la lejanía en el tiempo entre el 2 de octubre y el 2 de julio lo que hace que olvidemos aquellos hechos, y no que simplemente los legitimamos. México ha sido el único país de América en la que después de una anhelada alternancia, el partido derrocado regresa al poder por la vía democrática, si es que así le podemos llamar al engendro que tenemos por sistema electoral.

Hoy todas las banderas mexicanas instaladas en oficinas gubernamentales y plazas públicas deben de estar a media asta, así, la bandera del Zócalo capitalino se encontrará más cerca de esa misma plaza de la constitución que hace menos de 3 semanas fue escenario de otro acto represivo, con miles de policías federales constriñendo a los que legítimamente –como los estudiantes del 68- protestaban, con la única diferencia que los de ahora a diferencia de los de ayer, son golpes democráticos.

2 de octubre, día de la impunidad, y ese si se olvida. 

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#ReformaEducativa ¿Inconstitucionalidad o veto presidencial?

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Por Jaime Cervantes Valdez / Estudiante de Ciencia Política

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Con un proceso cargado de irregularidades, foros a oídos cerrados, debates vacíos plagados de demagogia barata, y votos sin la menor reflexión mas que  la dictada desde Los Pinos, este pasado 1 de septiembre fue aprobada por una cámara de diputados convertida en teatro, la Ley General de Servicio Profesional Docente, pasos imitados dos días después por la cámara de senadores.

Despues de aprobada la controvertida ley, y con un efecto ridiculamente retardado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, movilizó en 22 entidades federativas al profesorado para exigir la derogación, e inclusive el veto presidencial, de dicha ley. Posiblemente con estas movilizaciones, los dirigente sindicales, pretenden hacer olvidar al maestro de a pie que los legisladores del PANAL –incluida la hija de Elba Esther Gordillo-, partido ligado al magisterio, no sólo votaron a favor de la reforma, sino inclusive subieron a tribuna a defender con frenesí lo mandatado por el presidente.

Solicitar, vía movilización masiva, al presidente de la república que vete la misma ley que él mandó al congreso, no sólo es incongruente, sino surrealista y por demás imposible. Si algo ha demostrado Peña Nieto en toda su carrera política, es el desdén por quienes manifiestan en las calles, y más, por quienes lo hacen contra las políticas públicas y acciones que él decide emprender.

Si de acciones dentro del marco jurídico –como el veto presidencial- se trata, lo que el SNTE y la CNTE debieran de buscar, es una acción de inconstitucionalidad contra la reciente Ley General de Servicio Profesional Docente. Ya que ésta controvertida ley contiene un talón de Aquiles,  art. 14 constitucional, referente a la retroactividad de las leyes  y el cual en su primer párrafo nos dicta:

“Art. 14: A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. “

Es decir, si bien aprobaron una nueva normatividad respecto al servicio docente, éstas debieron de especificar su aplicabilidad sólo a los maestros de nuevo ingreso, respetando íntegramente los derechos de los que hasta el día de su entrada en vigor, se encontrasen laborando en el sistema educativo nacional.

La retroactividad de esta ley en perjuicio de miles de maestros, la hace susceptible, según el inciso II del art. 105 constitucional, a una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a la contradicción entre una norma general y la constitución mexicana, lo que pudiera derivar a la derogación de lo aprobado por el poder legislativo.

Para éste caso en concreto, son 4 los actores que pudiesen ejercer una acción de inconstitucionalidad: el equivalente al 33% de los diputados o senadores, la Procuraduría General de la República y el Comisión Nacional de los Derechos Humanos; por cuestiones numéricas los dos primeros, del poder legislativo, quedan anulados para poder ejercerla, esto debido a que  votos en contra fueron de 69 diputados (13%) y 22 senadores (17%), mientras que la Procuraduría General de la Republica por cuestiones políticas obvias no se plantea siquiera la posibilidad.

Es la CNDH la que tiene el mandato constitucional de la defensa de los derechos humanos y las garantías individuales, esto dictado por el apartado B del artículo 102 de la Constitución mexicana y lay subsecuente, las cuales prohíbe a la comisión el actuar sólo conforme a los caprichos o ideologías de su cuerpo directivo, o del desacreditado presidente, Raúl Plasencia.

La defensa de los trabajadores de la educación no solamente pasa por la retroactividad de la nueva ley, sino también por la violación a los derechos humanos de los docentes, como por ejemplo el derecho a un trabajo digno el cual se define de la siguiente manera:

 “una aspiración social e individual del trabajador, moralmente válida, dinámica, por alcanzar un nivel de vida adecuado para él y su familia, garantizada por el Estado con acciones de protección y promoción que permitan la dignidad del trabajador y su familia, a través de acciones normativas y políticas -económicas, sociales, y culturales- que como mínimo aseguren el pleno empleo, estabilidad laboral, salario justo y condiciones adecuadas en el trabajo.”

La supresión de las plazas, la constante evaluación estandarizada que sin lugar a dudas no respetará la diversidad cultural del país, la pésima infraestructura –y de la que no se habla en la reforma- en la que trabajan los maestros, así como los bajos salarios para los docentes que día a día asisten a la escuela, son violaciones a su derecho a un trabajo digno consagrado en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y de la cual México es firmante.

De igual forma existen violaciones a los artículos 1 y 4 del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de la OIT también firmado por nuestra nación, y ni hablar de la Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la UNESCO de la cual se incumplan algunos temas.

Pero mientras la CNDH se escuda en una capa de invisibilidad, se esconde y evade los temas referentes a la Reforma Educativa, los maestros que debieran de exigirle acciones contundentes en la defensa de sus derechos, también se olvidan de ella. Es el momento de hacer presión para exigir a esta comisión cumpla su papel histórico y limpie el nombre que ha quedado dañado por las lamentables declaraciones y acciones de días pasados. Que demuestre que contrario a lo que se pudiese pensar, existe todavía una autonomía ante el poder ejecutivo federal, que se había paulatinamente ganado en los últimos 12 años.

Si el SNTE y su ala democrática, la CNTE, han decidido continuar por la vía institucional en la defensa de sus derechos, por lo menos lo debieran de hacer de la manera correcta y viable, a menos,  claro, que esto no sea otra cosa sino una mera simulación de los dirigentes sindicales de ambas corrientes,  donde las protestas –y la solicitud del veto presidencial – sean sólo una válvula de escape a la posible radicalización del magisterio, como en su momento AMLO la instrumentó con el famoso plantón de reforma.  

Por último, de no darse esa acción de inconstitucionalidad, que de igual forma la SCJN se prepare para la avalancha de amparos individuales de los más de 1 millón de maestros que en la actualidad laboran en el Sistema Educativo Nacional. 

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Los errores de la #CNDH ante la #CNTE

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Por Jaime Cervantes Valdez / Estudiante de Ciencia Política

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¿Cuántos vidrios se han quebrado a causa de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Cuántos heridos o muertos se han suscitado en las últimas 2 semanas de manifestaciones de la CNTE en el DF? La respuesta es sencilla: ninguno, no ha habido conatos de violencia generalizada registrados, daños sistemáticos a la propiedad privada -que con tanto empeño protegen las instituciones del Estado-, y mucho menos heridos o muertos que lamentar.

Y es que muy a pesar de la imagen que nos han proyectado los medios de comunicación, donde se nos forja el perfil de maestros violentos e intolerantes, lo cierto es, que comparado con manifestaciones  en la misma Ciudad de México en ocasiones pasadas,  las protestas de la CNTE se han desarrollado dentro de las normas de la ciudad, y con relativa tranquilidad, esto último debido más que nada a la organización con las que se llevan a cabo y que evita cualquier intento de grupos de choque o infiltrados para desestabilizar las manifestaciones.  

Mas sin embargo, ante la magnitud de las protestas contra la reforma educativa que han  trastocado la vida cotidiana del Distrito Federal, un amplio sector de la sociedad civil, así como partidos políticos, diputados, senadores y empresarios, haciendo uso legítimo a sus derechos de libre expresión han argumentado y denunciado ante diversas instancias una serie de violaciones a sus derechos humanos y garantías individuales por parte de la CNTE. Estas denuncias se centran en dos rubros: 1) Violación al derecho de libre tránsito y 2) Pérdidas económicas.

La posible violación del derecho a libre tránsito –rubro en el que me centraré- , es un argumento constantemente utilizado por grupos políticos, así como por un sector de la sociedad, que no comulgan con la protesta social como método de participación política y de la cual han exigido regulación o prohibición, aun cuando ésta se encuentra protegida por los derechos de libertad de reunión, expresión y solución, todos ellos derechos humanos garantizados en tratados internacionales y en nuestra carta magna.

Hasta aquí cualquiera pudiera objetar que el derecho de uno termina cuando se afecta el derecho del otro. Pero deberíamos preguntarnos, ¿realmente las protestas de la CNTE violan el derecho al libre tránsito como reiteradamente se ha expresado por diversos medios?

El artículo 11 constitucional referente al libre tránsito en su primera parte nos dice:

 “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes…”.

Las protestas sociales en ningún momento limitan el tránsito de las personas, cualquier individuo puede cruzar caminando una marcha o un mitin político y seguir la ruta hacia su destino, muy distinto, por ejemplo, a cuando en las vísperas del 1ro de Septiembre del 2012 (toma de protesta de Peña Nieto como presidente), la Policía Federal implementó una área de exclusión alrededor de Palacio Nacional y Palacio Legislativo en el que sí se impedía el tránsito de los ciudadanos salvo que comprobará la residencia dentro del área.

Pero esto deviene del error de los ciudadanos y gobernantes quienes trastocando la definición de “libre tránsito” que nos brinda la constitución, argumentan que el sólo hecho de que se detenga el tráfico de vehículos es una limitante al libre tránsito. ¿Acaso los automóviles adquieren garantías individuales por ser conducidos por un ciudadano?, algunos piensan que sí, ante ello, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atendiendo diversos amparos que se promovieron en el año 1996 contra el programa capitalino del "hoy no circula" que limita la circulación de vehículos un día a la semana, se pronunció de la siguiente manera:

“La garantía individual que consagra la norma constitucional supracitada (artículo 11) no consiste en el derecho del libre tránsito en automóvil, sino en el derecho que tiene "todo hombre", es decir, toda persona en cuanto ente individual, para entrar, salir, viajar y mudar su residencia en la República sin que para ello requiera documentación alguna que así lo autorice, pero siempre refiriéndose al desplazamiento o movilización del individuo, sin hacer alusión en lo absoluto al medio de trasporte, por tanto, ha de considerarse que la garantía de libre tránsito protege al individuo únicamente, no a los objetos o bienes en general, del mismo." Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, tomo III, febrero 1996, p173

Entonces, con esa resolución de la SCJN, se puede sostener que si bien existe una afectación a la sociedad en general debido a las marchas,  no se puede equiparar con una una violación al derecho humano y garantía de libre transito. Y si no hay violación a las garantías de los otros, por ende tampoco debe de hacer ejercicio de la  de la fuerza pública bajo “los principios de racionalidad, congruencia y proporcionalidad” tal como extrañamente lo ha propuesto la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como que si hasta el momento las fuerzas del Estado hayan mostrado conocer siquiera esos principios. O las “medidas precautorias” “para la protección los derechos (de libre tránsito) de la sociedad general” -exigidas por la CNDH al gobierno perredista de Miguel Ángel Mancera- que no es otra cosa que la anuencia de la comisión al posible uso de la fuerza pública contra los maestros.

Ante la actuación de la CNDH y la CDHDF los ciudadanos debiéramos de preocuparnos, no ya de que otros ejerzan su derecho a exigir ser escuchados por el gobierno, sino de que las instituciones que debieran de protegernos de los abusos del Estado, se presten a linchamiento -ya no solamente mediático- contra los que se organizan para protestar. ¿Acaso al igual que el IFAI, las comisiones de derechos humanos están perdiendo paulatinamente la autonomía que habían ya logrado en los últimos 12 años?, ¿Será que tiene razón AMLO cuando acusa al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, de actuar incorrectamente porque “le debe su cargo a (Manlio Fabio) Beltrones”, coordinador de los diputados priistas? Por el bien del país, esperemos que no. 

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