ASPIRANTES: LAYIN, ¿EL IMBATIBLE?

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ASPIRANTES*: LAYIN, ¿EL IMBATIBLE? 

Cuando el 7 de junio del 2015 los conteos preliminares daban a Jaime Rodriguez “El Bronco” un triunfo electoral de 22% (500,000 votos) sobre su más próximo competidor en las elecciones para elegir gobernador de Nuevo León, las alarmas se encendieron. Un candidato independiente había logrado romper el arraigado bipartidismo del segundo estado más importante del país.

Y en Nayarit, las alarmas no eran para menos, hacía un año Hilario Villanueva “Layín” sorpresivamente había sido nuevamente elegido alcalde de San Blas como independiente y si sus ya pretensiones sobre la gubernatura eran difusas y vagas, se volvieron reales, firmes y sobre todo alcanzables con los sucesos de aquel estado del norte.

Cuestionable en todos los sentidos desde incluso antes de ser alcalde por primer ocasión, Layin, como lo conocen todos, ha logrado sortear cuanto obstáculo se le ha puesto, desde gobernar sin ningún partido que lo postule, pasar por el en ocasiones agudo escrutinio de medios nacionales e internacionales, hasta sobrepasar las leyes electorales y subordinar al Congreso del Estado.

Pareciera que el fenómeno Layin es imbatible, no importa cuánto se le señale y se le cuestione, ese personaje que renació en el escándalo cuando en plena campaña para ser nuevamente elegido como alcalde de San Blas confeso haber robado “poquito” en su administración pasada crece día a día cada vez más, haciendo del escándalo y el gasto excesivo su hoja de ruta rumbo a las elecciones del 2017 en la que muy seguramente buscara ser gobernador.  

¿Cómo explicar el fenómeno? Lo más fácil es decir que ese pintoresco personaje de camisa azul con pelo en pecho y abultado bigote representa los anhelos de cambio y más precisamente el sentimiento hartazgo contra la clase política y los partidos políticos que han dominado la escena. Algo contradictorio en ese carismático alcalde pues es precisamente él quien representa lo más desdeñable de la clase política en su propia persona.

Confiesa haber robado y no poquito sino más de 20 millones de pesos según el órgano fiscalizador, reparte dinero en bolo que ocasiones raspa con la humillación a los grupos más vulnerables, hace de sus eventos proselitistas verdaderas fiestas populares donde abunda el “traguito, el taquito y el ruidito” sin rendir cuentas de donde sale el recurso para ellas, hace alarde de su machismo humillando públicamente a una dama y por la cual la CNDH solicitó amonestación, reparte 25 mil botellas de tequila en una de las entidades con más alcoholismo según el Consejo Nacional contra las Adicciones pero pareciera que nada lo detiene, ni su personalidad, ni su cuestionable administración en un municipio como San Blas donde continua su población hundida en la pobreza y en el abandono. 

Ideológicamente, Layin que pareciera no recorrerse a ningún lado, se ha mantenido siempre cercano al poder ya sea como aliado, como instrumento o como válvula de escape a cambio de inmunidad y favores,  aunado a su discurso de lo más  rustico y simplón en su forma y contenido, torna difícil adentrarse en lo que piensa este personaje sobre temas claves, sobre su plan de gobierno, sobre su postura frente a la administración actual o frente al Estado mismo. Sólo hay una cuestión seguro respecto a su actuar: Layin está buscando a toda costa, en una actitud populista, hacer de las clases más vulnerables, desprotegidas, empobrecida, abandonadas y con menor nivel académico su voto cautivo y duro para lograr ser gobernador.

Hilario Ramirez "Layin" saludando a
Jaime Rodríguez "El bronco", gobernador de Nuevo León

Pero comete un error táctico, porque aunque él y algunos periodistas pretendan paralelizar el fenómeno Layin con el de “El Bronco” de Nuevo León, las circunstancias son diametralmente opuestas.

A diferencia del Layin, “El Bronco” aún con sus mediáticos arrebatos de ranchero campirano tuvo una formación política dentro del PRI de más de 34 años, fue alcalde de uno de los municipios más importantes de Nuevo León con satisfactorios resultados en el tema de seguridad pública por los que sufrió dos atentados sumado a su cuestionamiento directo a la corrupción de la administración de Medina, lograron afianzarle la confianza y el apoyo de poderosos grupos empresariales que terminaron por financiar su campaña política.

Pero sobre todo, El Bronco utilizó un discurso contra un bipartidismo de centro-derecha (PAN-PRI) que había gobernado Nuevo León desde hacía varias décadas en las que no supieron imponer el estado de derecho sobre las organizaciones criminales que azotaban la entidad y que tuvo su momento álgido con la muerte de 47 personas en el casino Royale. Era, entonces, la seguridad pública la carta clave y probada de “El Bronco”, y con la que se ganó el voto de dos sectores claves para ganar cualquier elección: el voto de los jóvenes y el voto de la llamada clase media pensante.

Son precisamente estos sectores –los jóvenes y la clase media- los que no solamente más alejados están de Layin debido a su forma de hacer política, sino los que pudieran ser su mayor dolor de cabeza en su camino al 2017, y ganarse estos sectores le será difícil en estos momentos porque o nunca lo vieron, o lo dejaron de ver después de su bochornoso festejo de cumpleaños, como la esperanza, como el cambio o si quiera como un candidato netamente independiente.

Layin se equivoca de estrategia al querer llegar en hombros de un sector de la población que si bien gusta de sus discursos, de sus eventos, y de su cerveza, no gusta ni de políticos, ni de campañas, y mucho menos de votar a menos que sea acarreado por una maquinaria ya aceitada para que Layin tendrá los recursos pero, espero, no el tiempo para conformarla.

Por: Jaime Cervantes, Politólogo 

* Nota: Esta es la primera de una serie de artículos sobre los aspirantes a suceder a Roberto Sandoval en palacio de gobierno. 

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#AYOTZINAPA, PUNTO DE QUIEBRE.

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#AYOTZINAPA, PUNTO DE QUIEBRE.

Por: Jaime Cervantes Valdez/ Estudiante Ciencia Política UAN.

En un país acostumbrado a los muertos, las masacres y la represión, resulta difícil creer que acontecimientos como los de Iguala, Guerrero aquel 26 de septiembre pudieran provocar un punto de quiebre en nuestro régimen político. Sucesos como los de aquella noche han ocurrido en México en bastantes ocasiones y en diferentes épocas, pero ¿Qué hace diferente este suceso de los demás?

El contexto y los actores: un atentado en plena democracia, contra estudiantes de una normal rural como la de Ayotzinapa -de donde emergieron guerrilleros como Lucio Cabañas-, donde el autor intelectual fue un alcalde emanado de la izquierda, los perpretadores fueron narcotraficantes coludidos con las fuerzas policiales, y los cómplices por omisión fueron un gobernador elegido también desde la izquierda y un presidente que por estrategia meramente electoral se mantuvo al margen en los momentos cruciales después de los hechos. Estas características inusuales, han provocado que desde la latencia, nuevamente haya surgido un movimiento social que le apuesta a cambios profundos en México, con la característica que es un movimiento netamente ciudadano donde ni los partidos, ni los sindicatos han tenido peso preponderante, sino que han sido organizaciones de la sociedad civil, colectivos y suma de individualidades lo que lo componen.

A la par del clamor de la presentación con vida de los 43 normalistas, se ha sumado la exigencia de la renuncia de Enrique Peña Nieto, que no es una exigencia cualquiera, es una exigencia real de los dos sectores de la sociedad que conforman el grueso de las protestas de los últimos dos meses: la pujante clase media y los jóvenes universitarios.  

Que sean estos los dos sectores sociales que más protestan no es de extrañarse, fueron ellos los que en menor medida votaron por el PRI en el 2012 y a la vez son los más golpeados por las medidas gubernamentales de los últimos dos años. Aumento de desempleo en jóvenes egresados de las universidades, escalada de aumentos en los impuestos para pequeños y medianos comerciantes, el no descenso de la inseguridad, el aumento en el precio del combustible, el aumento de la corrupción y los beneficios que nomás no se vislumbran producto de las reformas estructurales son problemáticas que han ido creciendo, hasta que sucesos como los de los estudiantes de Ayotzinapa,  provocaron que estallaran en protestas sociales en las que confluyeron una inmensa diversidad de reivindicaciones locales, nacionales e internacionales. Pero además, las protestas de las que hoy somos testigos, no nacieron de la nada, estas tienen como base las redes anteriormente creadas en movimientos como el #YoSoy132, la defensa de Wirikuta, La otra campaña, entre otras.

La serie de protestas sociales, en ocasiones pacíficas y en ocasiones violentas, que hemos visto crecer de forma exponencial, en cantidad y magnitud, desde el 2006, no son otra cosa más que la muestra el desgaste del sistema político en que vivimos y en la que los partidos políticos ya no son representativos de las demandas ciudadanas. La sociedad mexicana cada día más organizada, politizada, formada y comunicada gracias en buena medida a las nuevas tecnologías de la información ha estirado al límite la capacidad del estado, como prueba los sucesos acontecidos principalmente desde el 2012.

El movimiento social que hoy vivimos, sin lugar a dudas entrará en estado de latencia en unas semanas más sea cual sea el resultado, pero eso no significa que desaparezca por completo, sino que volverá a resurgir en el futuro ante una situación similar, con más experiencia, con más redes y con más capacidad política y de convocatoria.

Ante este escenario, el Estado Mexicano tiene dos opciones, la primera es la ya implementada campaña de miedo para desactivar la pujante pero a la vez siempre temerosa clase media que en momentos en que su patrimonio se pone en peligro recula, pero que tiende a organizarse en el futuro. Y la segunda, por demás necesaria y urgente, es una verdadera reforma del Estado en la que se tome realmente en cuenta a la ciudadanía con espacios para que está proponga y decida: verdaderas consultas ciudadanas, plebiscito, revocación de mandato, presupuesto participativo, candidaturas ciudadanas, flexibilización del sistema de partidos, contraloría ciudadana, reforma a la comisión de derechos humanos, entre otras más. De no darse esta válvula de escape, como si lo hizo Reyes Heroles en 1977, no nos sorprendamos de ver en el futuro un verdadero estado fallido.

Sea cual sea el resultado, los sucesos de Ayotzinapa, marcan un antes y un después en los movimientos sociales, en la organización ciudadana, y en la relación de ésta con el sistema y la clase política.

Pdt: En el microuniverso de la UAN también hubo movimientos, pero eso lo abordó en la siguiente entrega.  

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LA VARIABLE DE #GÉNERO EN LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS PRIISTAS... #NAYARIT2014

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*Por Jaime Cervantes Valdez / Estudiante de Ciencia Política

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Cuando en el año 1998 el Partido Revolucionario Institucional en Nayarit suprimió el dedazo del gobernador, para suplirlo con un proceso interno donde la militancia decidiera quien sería su candidato a gobernador que contendería contra el carismático candidato aliancista, Antonio Echeverría, nadie lo creía, aquel era un hito en la historia política local y  un preámbulo a las elecciones internas para elegir al candidato presidencial por el mismo instituto.

Los llamados procesos democráticos para seleccionar candidatos al interior del PRI en Nayarit, fueron constantes desde aquel momento y hasta el año 2005, año en el que esa mecánica de selección dio por resultado la ruptura del candidato que quedó en segundo lugar, y quien a la postre sería postulado por la izquierda, teniendo por desenlace una derrota de este en las urnas ante el candidato priista Ney González.  

Muchos de los actuales aspirantes a candidatos del PRI –principalmente los pertenecientes a grupos políticos adversos al gobernador–, añoran y tienen la esperanza del regreso de aquellas elecciones internas para elegir a los candidatos para las próximas elecciones locales, porque sólo así, con la fuerza de la militancia, tendrían la oportunidad de sobreponerse al mismo dedazo aún existente en la vida política local.

Pero, todo indica que aquellas elecciones internas fueron sepultadas para no regresar, esto por su contradicción total con las reglamentaciones de cuota de género y paridad de género aprobadas por el congreso del estado para las próximas elecciones y la cual impone una distribución mínima de 40% para un solo género.

Así, llevar a todos los aspirantes a competir abiertamente en elecciones internas ya sea por voto directo de la militancia o indirecto a través de convenciones reales, traería como consecuencia la anulación de algunos candidatos elegidos por voto popular, tal como sucedió en el 2012 con el PAN a nivel federal, en la cual el TRIFE obligó al partido a bajar candidatos hombres elegidos democraticamente, para postular mujeres, y cumplir así con la cuota de género prevista por la legislación. En esa circunstancias, sería difícil mantener la unidad si existe la posibilidad de que a un legítimo ganador, se le arrebate el triunfo de tal manera.

Entonces caben las preguntas: ¿Cuál será el método de selección de candidatos en este instituto? ¿Qué método elegirá el PRI para elegir sus candidatos sin que exista la posibilidad de ruptura que beneficie a la alianza de facto PAN-PRD? Vamos más a fondo, y sin agraviar a las mujeres, pero ¿Existe un método democrático de selección de candidatos bajo estas nuevas circunstancias legales?

Dentro de los círculos al interior de este instituto, se empieza a hablar de la posibilidad de las encuestas como método de selección, pero ¿serán reales estas encuestas o sólo una medida engañabobos para seleccionar candidatos sin inducir resentimientos que desemboquen en rupturas?. Es de dudarse, y no solo por lo costoso e impráctico de levantar 198 encuestas para seleccionar candidatos a presidentes municipales, regidores y diputados, sino por las mismas razones de las elecciones internas ¿Qué sucederá si dichas encuestas arrojan como ganadores a más de un 60% de hombres? ¿Qué método se utilizará para decidir a quién se le impide ser candidato aun cuando eso suponga perder votos? O muy posiblemente esperan que mágicamente los resultados sean en una distribución de 60% hombres y 40% mujeres, esperando que los precandidatos no duden de la veracidad aun cuando en ocasiones sean desconocido o desconocidas los triunfadores.  

No se duda que el método anterior sea el que expongan ante los medios de comunicación, pero al interior, en la selección real de candidatos, quedan dos posibilidades, o la negociación política de los grupos al interior del PRI con doble dificultad de la vivida hace 3 años, puesto que ya no sólo es la variable de grupo, puesto que se debe sumar la variable de género, o el simple y viejo dedazo del gobernante en turno, donde arguyendo en principio a la costumbre de que a él le corresponde decidir en las elecciones intermedias, y de que debido a las circunstancias es mejor el poder monolítico designe a los y las candidatas.

Estamos en la antesala de las elecciones federales intermedias, será Nayarit y Coahuila centro de atención de todos los partidos políticos, lo peor que le pudiera ocurrir al PRI es caer debido a un juego que ellos impusieron y que pudiera acarrearles profundas divisiones al interior del partido, de cara a unas elecciones en la ya se ha configurado una alianza de facto entre el perredismo y panismo.

CONSIDERACIONES ANTES DE PARTIR:

*¿Dónde están las mujeres que no se ven y que deberán ocupar  cientos de candidaturas en todos los partidos políticos? Ya faltan semanas para iniciar los procesos de precampaña y todavía son hombres los que dominan la escena político electoral. Esta es una muestra de que los partidos políticos no han incentivado -como debe de ser- la participación activa y aspiraciones de la mujer al interior de los institutos. 

*Todo indica que serán muchas mujeres en las sindicadoras, y pocas o ninguna en presidencias municipales. Esto podría ser un revés para la mujer en ese nivel de gobierno.

*Se debe de estar atentos en donde colocan los partidos políticos a sus mujeres, si en bastiones o en regiones donde de antemano saben que serán derrotados. 

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Antes del linchamiento, una aclaración: esto no es un texto pro-hombre, lo que se pretende, es observar algunas dificultades para los partidos políticos, principalmente del el PRI, con las nuevas reglas electorales referente a la distribución por género. 

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LOS ESCENARIOS DEL PRD EN NAYARIT

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Por Jaime Cervantes Valdez/estudiante Ciencia Política UAN

Qué razón tenía Marx cuando postulaba que la historia la historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa. En el 2014, al igual que en las elecciones locales del 2011, el Partido de la Revolución Democrática en Nayarit apostó hasta último momento por una alianza PAN-PRD para terminar, justo en la recta final, apareciendo sólo en las boletas electorales.

En aquel 2011, con una ardua campaña panista en la que se culpaba erróneamente a Guadalupe Acosta Naranjo -otrora precandidato a gobernador de la extinta alianza- de romper la alianza opositora, el PAN logró arrancar al PRD de miles de votos que fueron a parar a sus candidatos a la gubernatura y de paso a los candidato a otros puestos de elección popular que ese año se jugaban. El saldo fue un PRD no solo debilitado, sino derrotado, perdiendo las alcaldías de Huajicori, Acaponeta, Rosamorada y Tecuala, así como reduciendo el numero de diputados en su grupo parlamentario y claro, también su presencia en el ayuntamiento de Tepic cayendo a solo un regidor plurinominal.

Fue tanta la algarabía y esperanzas en aquel año por una alianza electoral PAN-PRD que al rompimiento de ésta, 3 meses antes de la elección, el PRD no tuvo un plan de contingencia ya no para crecer en lo electoral, sino siquiera para mínimamente retener su voto y sus posiciones políticas. Las preguntas ahora son: ¿Tiene el PRD un plan de contingencia ahora que si fueron ellos quienes rompieron la alianza? ¿La Comisión Política Nacional valoró correctamente las implicaciones electorales que tiene abortar una alianza que iba tan avanzada?

Dejando de lado el elaborado y trillado discurso de que esta era una “una alianza para terminar con la dictadura del gobernador priista” y observando la realidad como lo que realmente es: una alianza de partidos políticos buscando la supervivencia y el crecimiento electoral como institutos, en vísperas de acceder al poder político del estado, se puede percibir que en el rompimiento que se acaba de dar por mandato nacional, el mayor perdedor. Será nuevamente el PRD.

Ya no solo porque el PRD haya decidido abandonarla, sino por el trabajo de 3 años en el que el PRD local seguro de sí, dejó de hacer trabajo político en los municipios -incluido Tepic- en los que muy probablemente el candidato aliancista iba a ser panista. De igual forma, al interior del partido alabaron tanto la necesidad de una alianza entre sus militantes, que al abandonarla quedaron no solo como traidores ante los simpatizantes, sino ante su mismo voto duro. Porque azuzaron a las organizaciones sociales a que se unieran a la alianza y muy seguramente estas terminarán apoyando al único partido que no la traicionó. Porque perdieron identidad izquierdista. Porque los dirigentes perdieron credibilidad. Porque abrieron la puerta de su casa antes de tiempo y permitieron que el PAN tuviera contacto por un año con la estructura interna del partido, con los dirigentes, con los posibles candidatos, a los que muy seguramente veremos en las próximas elecciones vistiendo de azul.

Cierto también es, que el PAN pierde, pero pierde mucho menos que hace 3 años, hoy cuenta con el poder de nueve presidentes municipales que se mantienen firmes, con una bancada parlamentaria consolidada que seguramente le retribuirá fuertes candidatos a presidentes municipales, como el candidato para Tepic, ciudad que con una buena estrategia pudieran arrebatarla al PRI, pero el PRD no tiene de donde echar mano.

Hasta este punto, ¿Cuáles son los escenarios para el PRD en el proceso que ya está en puertas?.

El primero es irse sólo, implantar una estrategia para la búsqueda de candidatos con arraigo al interior del partido que pudieran retener el voto duro, principalmente en la zona norte del Estado.

El segundo escenario es la búsqueda de una alianza progresista con los Partidos del Trabajo y Movimiento Ciudadano que legitime su rompimiento con el PAN.

El tercer escenario, y por los comentarios en las redes sociales de algunos de los dirigentes perredistas, puede ser la buscada por la dirección local, es una alianza de facto con el PAN para las próximas elecciones. Haciendo uso de su atribución para designar candidatos, y previo un pacto de no agresión, la dirección local del PRD pudiera postular candidatos testimoniales en los municipios del Sur y la sierra del Estado, así como en la capital nayarita, para que estos no le resten votos a los candidatos panistas, y en contraparte, el PAN colocaría candidatos débiles en la zona norte –exceptuando Tuxpan y Ruiz- permitiendo que el PRD aglutine el voto útil anti-PRI. Para este último escenario se ocupa, ante todo, disposición y una gran confianza entre los los dos institutos partidistas.

Para finalizar, una pregunta más: Ante este nuevo escenario con un PRD desgastado ante la ciudadanía, ¿Al PAN le retribuye políticamente más una alianza de facto o irse totalmente sólo? Aquí veremos que el discurso anti-PRI no era más que solo eso, un discurso.

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#2deOctubre, Día de la impunidad y el olvido.

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Por Jaime Cervantes Valdez / estudiante Ciencia Política UAN

decreto presidencial, hoy 2 de octubre es Día de Luto Nacional por el “aniversario de los caídos en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en 1968”, según se lee en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno de nuestra nación.

Así, el Estado mexicano por decreto quita al pueblo un día de gloria, para convertirlo en un día conmemorativo de los de arriba, porque este ya no es el día de los caídos, este es el día de la impunidad, de la desmemoria, del regresionismo, de la vanagloria de los gobernantes que no nos han podido dar respuestas de aquello que conmemoran. Hoy a 45 años de aquella masacre, no sabemos cuántos estudiantes fueron acribillados, tampoco sabemos quién dio la orden para derramar la sangre de los jóvenes mexicanos, y ni que decir de la impunidad que prevalece, ni un solo culpable, directa o indirectamente de la masacre, ha pisado la cárcel. El Estado mexicano acepta la matanza, conmemora la matanza, pero no investiga y mucho menos ajusticia a los que provocaron dicha matanza.

¿Qué dirían los muertos? ¿Qué dirían si escucharan las alabanzas y vanaglorias del gobernante priista en turno? Porque todavía no sucedes y ya escucho a Peña Nieto enalteciendo a los héroes que dieron la vida por la democracia mexicana, por esa misma democracia que corrió al PRI de los Pinos en el 2000, para 12 años después, abrirles nuevamente la puerta de par en par. Seguramente el presidente nos dirá que aquellos muertitos no fueron en vano, que gracias a ellos tenemos un país de instituciones democráticas, de cimientos fuertes, y es más, como no, con un camino trazado hacia el progreso con las reformas que él impulsa, y que los estudiantes del 68 seguramente apoyarían, todo se puede esperar desde el aquel momento en que revivió al General Lázaro Cárdenas para legitimar su propuesta energética que abre el camino a la inversión privada.

Y mientras el presidente nos trata de convencer de sus reformas neoliberales en este día, ¿Qué dirá la izquierda electoral por el 2 de octubre? Seguramente lo mismo de siempre, en principio un minuto de silencio por los caídos, después vendrá la exigencia al Estado para que se haga justicia, pero ¡alto!, la izquierda electoral se ha olvidado que ellos son parte del Estado, que ya no son los marginados de los años 70s y 80s, ahora comen y duermen con los hijos y nietos de los que antaño asesinaron a esos jóvenes. ¿Qué les dirán los perredistas a los muertos? ¿Les dirán que ellos, que en otro tiempo fueron participes de las luchas por la democracia, hoy pactan y votan ciegamente a favor los mandatos presidenciales? ¿Les dirán que los gobernantes que han llegado por estos partidos, han sido incluso más déspotas que los gobernantes emanados del PRI? Con un Ángel Aguirre reprimiendo estudiantes normalistas guerrerenses, Gabino Cué contra los maestros de la CNTE, o Mancera mandando golpear a estudiantes de la UACM y de la UNAM. Lo más seguro es que callen, porque el minuto de silencio, por el que han pugnado por 45 años en memoria de los caídos, termino por silenciarlos a ellos.

De la sociedad mexicana mejor ni hablemos. Recordamos año con año los atroces acontecimientos aquel año olímpico, pero los olvidamos para el día de las elecciones, quiero pensar que es la lejanía en el tiempo entre el 2 de octubre y el 2 de julio lo que hace que olvidemos aquellos hechos, y no que simplemente los legitimamos. México ha sido el único país de América en la que después de una anhelada alternancia, el partido derrocado regresa al poder por la vía democrática, si es que así le podemos llamar al engendro que tenemos por sistema electoral.

Hoy todas las banderas mexicanas instaladas en oficinas gubernamentales y plazas públicas deben de estar a media asta, así, la bandera del Zócalo capitalino se encontrará más cerca de esa misma plaza de la constitución que hace menos de 3 semanas fue escenario de otro acto represivo, con miles de policías federales constriñendo a los que legítimamente –como los estudiantes del 68- protestaban, con la única diferencia que los de ahora a diferencia de los de ayer, son golpes democráticos.

2 de octubre, día de la impunidad, y ese si se olvida. 

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#ReformaEducativa ¿Inconstitucionalidad o veto presidencial?

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Por Jaime Cervantes Valdez / Estudiante de Ciencia Política

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Con un proceso cargado de irregularidades, foros a oídos cerrados, debates vacíos plagados de demagogia barata, y votos sin la menor reflexión mas que  la dictada desde Los Pinos, este pasado 1 de septiembre fue aprobada por una cámara de diputados convertida en teatro, la Ley General de Servicio Profesional Docente, pasos imitados dos días después por la cámara de senadores.

Despues de aprobada la controvertida ley, y con un efecto ridiculamente retardado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, movilizó en 22 entidades federativas al profesorado para exigir la derogación, e inclusive el veto presidencial, de dicha ley. Posiblemente con estas movilizaciones, los dirigente sindicales, pretenden hacer olvidar al maestro de a pie que los legisladores del PANAL –incluida la hija de Elba Esther Gordillo-, partido ligado al magisterio, no sólo votaron a favor de la reforma, sino inclusive subieron a tribuna a defender con frenesí lo mandatado por el presidente.

Solicitar, vía movilización masiva, al presidente de la república que vete la misma ley que él mandó al congreso, no sólo es incongruente, sino surrealista y por demás imposible. Si algo ha demostrado Peña Nieto en toda su carrera política, es el desdén por quienes manifiestan en las calles, y más, por quienes lo hacen contra las políticas públicas y acciones que él decide emprender.

Si de acciones dentro del marco jurídico –como el veto presidencial- se trata, lo que el SNTE y la CNTE debieran de buscar, es una acción de inconstitucionalidad contra la reciente Ley General de Servicio Profesional Docente. Ya que ésta controvertida ley contiene un talón de Aquiles,  art. 14 constitucional, referente a la retroactividad de las leyes  y el cual en su primer párrafo nos dicta:

“Art. 14: A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. “

Es decir, si bien aprobaron una nueva normatividad respecto al servicio docente, éstas debieron de especificar su aplicabilidad sólo a los maestros de nuevo ingreso, respetando íntegramente los derechos de los que hasta el día de su entrada en vigor, se encontrasen laborando en el sistema educativo nacional.

La retroactividad de esta ley en perjuicio de miles de maestros, la hace susceptible, según el inciso II del art. 105 constitucional, a una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debido a la contradicción entre una norma general y la constitución mexicana, lo que pudiera derivar a la derogación de lo aprobado por el poder legislativo.

Para éste caso en concreto, son 4 los actores que pudiesen ejercer una acción de inconstitucionalidad: el equivalente al 33% de los diputados o senadores, la Procuraduría General de la República y el Comisión Nacional de los Derechos Humanos; por cuestiones numéricas los dos primeros, del poder legislativo, quedan anulados para poder ejercerla, esto debido a que  votos en contra fueron de 69 diputados (13%) y 22 senadores (17%), mientras que la Procuraduría General de la Republica por cuestiones políticas obvias no se plantea siquiera la posibilidad.

Es la CNDH la que tiene el mandato constitucional de la defensa de los derechos humanos y las garantías individuales, esto dictado por el apartado B del artículo 102 de la Constitución mexicana y lay subsecuente, las cuales prohíbe a la comisión el actuar sólo conforme a los caprichos o ideologías de su cuerpo directivo, o del desacreditado presidente, Raúl Plasencia.

La defensa de los trabajadores de la educación no solamente pasa por la retroactividad de la nueva ley, sino también por la violación a los derechos humanos de los docentes, como por ejemplo el derecho a un trabajo digno el cual se define de la siguiente manera:

 “una aspiración social e individual del trabajador, moralmente válida, dinámica, por alcanzar un nivel de vida adecuado para él y su familia, garantizada por el Estado con acciones de protección y promoción que permitan la dignidad del trabajador y su familia, a través de acciones normativas y políticas -económicas, sociales, y culturales- que como mínimo aseguren el pleno empleo, estabilidad laboral, salario justo y condiciones adecuadas en el trabajo.”

La supresión de las plazas, la constante evaluación estandarizada que sin lugar a dudas no respetará la diversidad cultural del país, la pésima infraestructura –y de la que no se habla en la reforma- en la que trabajan los maestros, así como los bajos salarios para los docentes que día a día asisten a la escuela, son violaciones a su derecho a un trabajo digno consagrado en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU y de la cual México es firmante.

De igual forma existen violaciones a los artículos 1 y 4 del Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva de la OIT también firmado por nuestra nación, y ni hablar de la Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la UNESCO de la cual se incumplan algunos temas.

Pero mientras la CNDH se escuda en una capa de invisibilidad, se esconde y evade los temas referentes a la Reforma Educativa, los maestros que debieran de exigirle acciones contundentes en la defensa de sus derechos, también se olvidan de ella. Es el momento de hacer presión para exigir a esta comisión cumpla su papel histórico y limpie el nombre que ha quedado dañado por las lamentables declaraciones y acciones de días pasados. Que demuestre que contrario a lo que se pudiese pensar, existe todavía una autonomía ante el poder ejecutivo federal, que se había paulatinamente ganado en los últimos 12 años.

Si el SNTE y su ala democrática, la CNTE, han decidido continuar por la vía institucional en la defensa de sus derechos, por lo menos lo debieran de hacer de la manera correcta y viable, a menos,  claro, que esto no sea otra cosa sino una mera simulación de los dirigentes sindicales de ambas corrientes,  donde las protestas –y la solicitud del veto presidencial – sean sólo una válvula de escape a la posible radicalización del magisterio, como en su momento AMLO la instrumentó con el famoso plantón de reforma.  

Por último, de no darse esa acción de inconstitucionalidad, que de igual forma la SCJN se prepare para la avalancha de amparos individuales de los más de 1 millón de maestros que en la actualidad laboran en el Sistema Educativo Nacional. 

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Los errores de la #CNDH ante la #CNTE

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Por Jaime Cervantes Valdez / Estudiante de Ciencia Política

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¿Cuántos vidrios se han quebrado a causa de las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación? ¿Cuántos heridos o muertos se han suscitado en las últimas 2 semanas de manifestaciones de la CNTE en el DF? La respuesta es sencilla: ninguno, no ha habido conatos de violencia generalizada registrados, daños sistemáticos a la propiedad privada -que con tanto empeño protegen las instituciones del Estado-, y mucho menos heridos o muertos que lamentar.

Y es que muy a pesar de la imagen que nos han proyectado los medios de comunicación, donde se nos forja el perfil de maestros violentos e intolerantes, lo cierto es, que comparado con manifestaciones  en la misma Ciudad de México en ocasiones pasadas,  las protestas de la CNTE se han desarrollado dentro de las normas de la ciudad, y con relativa tranquilidad, esto último debido más que nada a la organización con las que se llevan a cabo y que evita cualquier intento de grupos de choque o infiltrados para desestabilizar las manifestaciones.  

Mas sin embargo, ante la magnitud de las protestas contra la reforma educativa que han  trastocado la vida cotidiana del Distrito Federal, un amplio sector de la sociedad civil, así como partidos políticos, diputados, senadores y empresarios, haciendo uso legítimo a sus derechos de libre expresión han argumentado y denunciado ante diversas instancias una serie de violaciones a sus derechos humanos y garantías individuales por parte de la CNTE. Estas denuncias se centran en dos rubros: 1) Violación al derecho de libre tránsito y 2) Pérdidas económicas.

La posible violación del derecho a libre tránsito –rubro en el que me centraré- , es un argumento constantemente utilizado por grupos políticos, así como por un sector de la sociedad, que no comulgan con la protesta social como método de participación política y de la cual han exigido regulación o prohibición, aun cuando ésta se encuentra protegida por los derechos de libertad de reunión, expresión y solución, todos ellos derechos humanos garantizados en tratados internacionales y en nuestra carta magna.

Hasta aquí cualquiera pudiera objetar que el derecho de uno termina cuando se afecta el derecho del otro. Pero deberíamos preguntarnos, ¿realmente las protestas de la CNTE violan el derecho al libre tránsito como reiteradamente se ha expresado por diversos medios?

El artículo 11 constitucional referente al libre tránsito en su primera parte nos dice:

 “Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes…”.

Las protestas sociales en ningún momento limitan el tránsito de las personas, cualquier individuo puede cruzar caminando una marcha o un mitin político y seguir la ruta hacia su destino, muy distinto, por ejemplo, a cuando en las vísperas del 1ro de Septiembre del 2012 (toma de protesta de Peña Nieto como presidente), la Policía Federal implementó una área de exclusión alrededor de Palacio Nacional y Palacio Legislativo en el que sí se impedía el tránsito de los ciudadanos salvo que comprobará la residencia dentro del área.

Pero esto deviene del error de los ciudadanos y gobernantes quienes trastocando la definición de “libre tránsito” que nos brinda la constitución, argumentan que el sólo hecho de que se detenga el tráfico de vehículos es una limitante al libre tránsito. ¿Acaso los automóviles adquieren garantías individuales por ser conducidos por un ciudadano?, algunos piensan que sí, ante ello, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación atendiendo diversos amparos que se promovieron en el año 1996 contra el programa capitalino del "hoy no circula" que limita la circulación de vehículos un día a la semana, se pronunció de la siguiente manera:

“La garantía individual que consagra la norma constitucional supracitada (artículo 11) no consiste en el derecho del libre tránsito en automóvil, sino en el derecho que tiene "todo hombre", es decir, toda persona en cuanto ente individual, para entrar, salir, viajar y mudar su residencia en la República sin que para ello requiera documentación alguna que así lo autorice, pero siempre refiriéndose al desplazamiento o movilización del individuo, sin hacer alusión en lo absoluto al medio de trasporte, por tanto, ha de considerarse que la garantía de libre tránsito protege al individuo únicamente, no a los objetos o bienes en general, del mismo." Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Pleno, tomo III, febrero 1996, p173

Entonces, con esa resolución de la SCJN, se puede sostener que si bien existe una afectación a la sociedad en general debido a las marchas,  no se puede equiparar con una una violación al derecho humano y garantía de libre transito. Y si no hay violación a las garantías de los otros, por ende tampoco debe de hacer ejercicio de la  de la fuerza pública bajo “los principios de racionalidad, congruencia y proporcionalidad” tal como extrañamente lo ha propuesto la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, como que si hasta el momento las fuerzas del Estado hayan mostrado conocer siquiera esos principios. O las “medidas precautorias” “para la protección los derechos (de libre tránsito) de la sociedad general” -exigidas por la CNDH al gobierno perredista de Miguel Ángel Mancera- que no es otra cosa que la anuencia de la comisión al posible uso de la fuerza pública contra los maestros.

Ante la actuación de la CNDH y la CDHDF los ciudadanos debiéramos de preocuparnos, no ya de que otros ejerzan su derecho a exigir ser escuchados por el gobierno, sino de que las instituciones que debieran de protegernos de los abusos del Estado, se presten a linchamiento -ya no solamente mediático- contra los que se organizan para protestar. ¿Acaso al igual que el IFAI, las comisiones de derechos humanos están perdiendo paulatinamente la autonomía que habían ya logrado en los últimos 12 años?, ¿Será que tiene razón AMLO cuando acusa al presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, de actuar incorrectamente porque “le debe su cargo a (Manlio Fabio) Beltrones”, coordinador de los diputados priistas? Por el bien del país, esperemos que no. 

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¿SE VENDE #PEMEX O LA RENTA PETROLERA?

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Por Jaime Cervantes Valdez / Estudiante Ciencia Política

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Cuando Gustavo Madero, presidente nacional del PAN, y Enrique Peña Nieto, presidente de la República  nos indican categóricamente que en sus respectivas propuestas de reforma energética no se plantea la venta de “ni un solo tornillo de PEMEX” no están mintiendo, es raro, pero dicen la verdad en ese apartado. Ni la propuesta energética del PAN, y mucho menos la del PRI-Gobierno plantean la venta, propiamente dicha, de la paraestatal.

Pareciera que después de intensos sondeos han caído en la cuenta que las malas experiencias de las ventas totales de paraestatales como TELMEX o INMEVISIÓN llevadas a cabo durante el sexenio salinista –y la posterior crisis económica- siguen más que presente dentro de la memoria y el ideario colectivo. Así, una propuesta en la que se incluyera la venta total o parcial de PEMEX estaba más que condenada al fracaso y una posible desestabilidad política. Esto ha conducido principalmente al Gobierno Federal a desistir de una agresiva reforma energética, y presentar una propuesta  que a la vista de los mercados internacionales, ávidos por entrar en el sector petrolero mexicano, son “moderadas e insuficientes”.

El revés del Gobierno Federal por una reforma energética tal como lo exigían los mercados internacionales, y tal como lo había prometido Peña Nieto en sus giras por Estados Unidos y Europa hace escasos algunos meses, ha trasformado todo el escenario para el conflicto de la que los medios internacionales llaman “la madre de todas las batallas” entre las distintas visiones sobre el futuro de México.

Así, en este nuevo contexto, nos encontramos al presidente de la República, a sus secretarios de Estado y a los tecnócratas neo liberales enalteciendo la figura del Gral. Lázaro Cárdenas del Rio, ex presidente que pareciera que en los últimos 30 años había sido enviado al basurero de la historia por los gobiernos neo-liberales  condenándolo al olvido gubernamental, para convertirse  meramente una bandera de lucha de los movimientos de izquierda.  O a los dirigentes del PRI llamando a movilizaciones nacionales en defensa de PEMEX y de la propuesta energética del presidente Peña Nieto.

Mientras la izquierda que ha sido incapaz de lograr tanto la unidad política, como una propuesta consensuada de reforma energética, se encuentra enfrascada  bajo un discurso idéntico al utilizado en el año  2009 contra la  otrora reforma energética propuesta por el entonces presidente Felipe Caderón. Está misma no ha logrado comprender que con la moderada propuesta de Peña Nieto –si se compara con lo esperado- el contexto y escenario se han trasformado radicalmente, que ya no es la privatización o no de PEMEX lo que se disputa, sino que es el destino de la renta petrolera que genera PEMEX y su posible repartición de utilidades con empresas privadas.  Por esa razón, hoy de forma casi surrealista vemos tanto spots de los partidos de izquierda, como del mismo poder ejecutivo llamando a la “NO privatización de PEMEX”.

Pareciera pues que a la izquierda se le ha difuminado el enemigo a vencer: la privatización de PEMEX. Y no han sabido encausar la lucha contra dos embestidas neoliberales un tanto más sutiles: 1) Privatización propiamente dicha de la energía eléctrica y 2) la disminución porcentual en términos reales de la renta petrolera.

A diferencia de las reformas aprobadas en los últimos 8 meses, la Reforma Energética no fue presentada por el Pacto por México en conjunto, sino por cada actor por separado. ¿A grandes rasgos que exponen las propuestas de reforma energética en el rubro de hidrocarburos de los 3 principales partidos políticos?

El concepto clave de la propuesta del Gobierno Federal es “contrato de riesgos”, Peña Nietro propone modificar el artículo 27 constitucional no para insertar la opción de concesiones –tipo televisa-, sino para eliminar la prohibición de que PEMEX celebre contratos en lo que se refiere a extracción de hidrocarburos.  Con estos contratos, las empresas privadas de forma autónoma explorian el territorio nacional en búsqueda de petróleo, y en caso de encontrarlo sería PEMEX –siendo propiedad de la nación- quien lo venda, pero bajo un contrato de “repartición de utilidades” entre la empresa privada y la paraestatal. Las ganancias pudieran –según la reglamentación secundaria- repartirse por ejemplo 50% y 50% entre las dos empresas, aunque a las empresas privadas se les cobraría el respectivo impuesto sobre su ganancia.

PEMEX arguye que las utilidades pagadas la dicha empresa privada entrarían en el concepto de "costos", y tomando en cuenta que la renta petrolera no es otra cosa más que la ganancia resultante entre valor de la venta menos los costos para producirlo, se puede afirmar que nominalmente la "renta petrolera" queda en un 100% en manos de la nación, aunque en términos reales los costos tenderían a aumentar y la renta petrolera a disminuir. La defensa de esta propuesta es que en el régimen actual, PEMEX contrata empresas de perforación y en caso de no encontrar petróleo, PEMEX tiene correr con el total de los riesgos -costos- de la perforación fallida. En esta propuesta la inversión privada es a través de PEMEX.

Los dos conceptos claves de la propuesta energética del PAN son  “concesión” y “apertura a la competencia”. Si bien el PAN tampoco pretende la venta de PEMEX, lo que si busca es que el sector energético nacional en el área de hidrocarburos se habrá al libre mercado, permitiendo a las empresas privadas trasnacionales -vía concesiones- extraer, procesar y vender el petroleo mexicano, mientras que PEMEX como empresa del Estado seria un competidor más en el mercado interno. El argumento del PAN, es el que solamente a través de la competencia PEMEX se vería en la necesidad de mejorar. En esta propuesta la renta petrolera se extraería del impuesto que el Estado Mexicano cobraría a las empresas trasnacionales privadas por las ganancias de la venta de petróleo nacional.

Los conceptos claves de la propuesta energética de la Izquierda –aunque no la han dado a conocer formalmente- son modernización, transparencia y autonomía. La izquierda plantea que PEMEX no necesita inversión privada de ningún tipo, que es autosuficiente con las ganancias que genera y que la colocan como la 5ta empresa más rentable de América Latina y la 34 a nivel mundial. Pero que es necesario darle la autonomía necesaria para que reinvierta sus ganancias en infraestructura y modernización, que se le dé un régimen fiscal flexible y se que exista una verdadera transparencia en sus finanzas para evitar la corrupción. en esta propuesta PEMEX mantendría el monopolio petrolero en el país y se potencializaria como palanca de desarrollo nacional.

Pero lo anterior solamente es un apartado de la reforma energética, existe otro gran bloque, olvidado por los medios  de comunicación nacionales y por los actores políticos, y es el apartado de la Energía Eléctrica, en este tema, el gobierno federal plantea la apertura total del mercado en las principales áreas del sector de Energía. Una propuesta que sin lugar a dudas afectaría directamente el bolsillo de todos los mexicanos y la industria nacional, pero este tema lo vemos en el siguiente artículo.

Pdta: El postergado debate de la Reforma Energética ha comenzado, pero para el Pacto por México, primero va la reforma político-electoral....

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